La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, así como a las fiscalías generales de las 32 entidades federativas, a fortalecer las capacidades de investigación y persecución penal del delito de extorsión ante el incremento sostenido de denuncias registradas en los últimos años.

El punto de acuerdo aprobado advierte que las denuncias por extorsión pasaron de 8 mil 734 casos en 2019 a 10 mil 227 en 2024. Durante 2025 se reportaron 11 mil 081 víctimas, la cifra anual más alta de la última década, lo que representa un incremento superior al 26 por ciento respecto a los niveles registrados seis años atrás. Las cifras no contemplan la denominada cifra negra, pues una parte importante de las víctimas no denuncia por temor a represalias o por desconfianza en las autoridades.

El Congreso reconoció que la extorsión afecta la seguridad, el patrimonio y la libertad de millones de personas, además de representar un obstáculo para el desarrollo económico y la generación de empleos. El exhorto fue presentado por el diputado Rubén Moreira con el propósito de fortalecer la coordinación entre autoridades federales y estatales para atender este delito.

La solicitud plantea continuar con el fortalecimiento de las estrategias de prevención, atención y combate a la extorsión, especialmente en las entidades que registran mayores niveles de incidencia. El llamado se produce mientras el Gobierno de México mantiene en operación la Estrategia Nacional contra la Extorsión, puesta en marcha en julio de 2025.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, entre el 6 de julio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, fueron detenidas mil 468 personas presuntamente relacionadas con este delito en distintos estados del país. Además, el Acuerdo Nacional contra la Extorsión contempla el fortalecimiento de áreas especializadas en las fiscalías estatales, la armonización legislativa y el robustecimiento del número de denuncia anónima 089.

El Congreso mantiene como uno de sus pendientes legislativos la discusión de reformas para fortalecer el marco jurídico en materia de combate a la extorsión y al cobro de piso, un delito que continúa afectando a comerciantes, empresarios y trabajadores en diversas regiones del país.