Los disturbios en Nueva Caledonia continúan una semana después de que la Asamblea Nacional de Francia aprobara una reforma constitucional que ha desatado la indignación de los habitantes de la región.

La reforma permitirá el voto de nuevos residentes pro-franceses en el territorio, siempre y cuando hayan residido en el lugar al menos diez años, una medida que ha sido rechazada por los independentistas aborígenes canacos.

Según los canacos, esa modificación constitucional favorece a la comunidad de los caldoches, la segunda mayor del archipiélago, en detrimento de sus intereses de autonomía e independencia de Francia.

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Los manifestantes se mantienen firmes en su decisión de no levantar los bloqueos en las principales carreteras de Numea, la capital, y han mantenido cerrado el aeropuerto para vuelos comerciales.

Ante dicha situación, el director de la Cámara de Comercio e Industria, Charles Roger, ha expresado su preocupación por el impacto en la economía local y ha llamado preservar “la poca economía que queda” en el territorio.

Por su parte, el Gobierno de Macron declaró el estado de emergencia en Nueva Caledonia y desplegó cerca de tres mil efectivos para restablecer el orden.

El primer ministro en Nueva Caledonia, Louis Le Franc, ha afirmado que el Ejecutivo francés está decidido a “poner el orden en la isla, cueste lo que cueste”, en un intento por contener la agitación social y política.