La Corte de Apelaciones del Primer Circuito concedió la razón al Gobierno mexicano y determinó que sí puede demandar a los fabricantes de armas en Estados Unidos, retomando el caso presentado contra algunas de las empresas más importantes de la industria armamentista.

El caso regresará a un tribunal de Massachusetts, el mismo que previamente había rechazado la demanda en septiembre de 2022, pero tendrá que revisarlo nuevamente, algo que la canciller Alicia Bárcena celebró como una “gran noticia”.

La principal dificultad que enfrentaba la causa mexicana era la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA), una normativa promovida durante la presidencia de George W. Bush que protege a la industria de armas de cualquier demanda relacionada con el mal uso de sus productos.

Dicho blindaje legal y la inmunidad otorgada a los fabricantes de armas fue el argumento utilizado para rechazar el caso en una corte de Massachusetts.

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Sin embargo, la Corte de Apelaciones determinó que la demanda presentada por las autoridades mexicanas contra seis armerías y un distribuidor de armas tenía argumentos válidos para no aplicar la inmunidad en este caso.

Se trata de un fallo histórico, ya que es la primera vez que una corte de apelaciones toma una decisión en este sentido desde que la ley que otorga inmunidad a las armerías entró en vigor en 2005.

Jonathan Lowy, uno de los abogados que representa al Gobierno de México, señaló que esta decisión es un gran avance para que la industria de armas asuma responsabilidad por su contribución a la violencia armada y para detener el flujo de armas traficadas a los carteles.

Entre las empresas demandadas se encuentran Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Glock, Colt’s y Ruger, que, en conjunto, producen el 68 % de las armas que ingresan a México de manera ilegal y son utilizadas por el crimen organizado.