El Tribunal Supremo de Estados Unidos desestimó por unanimidad la demanda interpuesta por el Gobierno de México contra empresas fabricantes de armas como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock.
La administración mexicana alegaba que dichas compañías facilitaban el tráfico ilegal de armamento que llega a manos del crimen organizado en territorio nacional.
Los nueve jueces del máximo tribunal coincidieron en que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, aprobada en 2005, brinda una amplia inmunidad a los fabricantes frente a demandas por el uso que los compradores hagan de sus productos.
México había solicitado una compensación de 10 mil millones de dólares por los daños provocados por la violencia armada relacionada con el contrabando de armas desde EUA.
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Durante el litigio, el Gobierno mexicano argumentó que su denuncia se sustentaba en una excepción legal que permite acciones cuando se demuestra que una empresa violó intencionalmente las leyes sobre comercio de armas.
Sin embargo, la jueza Elena Kagan, autora del fallo, concluyó que no existen pruebas plausibles de que las compañías actuaran deliberadamente para permitir el tráfico ilegal.
El rechazo de la Corte ocurre en un contexto de tensión bilateral por el flujo de armas y drogas entre ambos países.
Mientras Estados Unidos acusa a México de no contener el tráfico de fentanilo, el gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que los grupos criminales se fortalecen con armas estadounidenses que cruzan la frontera de manera ilegal.