La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó el cierre permanente de El Helicoide, el centro de detención administrado por los servicios de inteligencia venezolanos que durante años ha sido señalado por organismos internacionales debido a denuncias de tortura, detenciones arbitrarias y malos tratos contra personas privadas de la libertad.
La medida forma parte de una sentencia en la que el tribunal responsabilizó al Estado venezolano por la detención ilegal, tortura y persecución política sufridas por Jorge Rojas Riera, un manifestante arrestado durante una protesta en Caracas. Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes del fallo es la orden de clausurar definitivamente las instalaciones de El Helicoide, al considerar que su funcionamiento es incompatible con las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Ubicado en Caracas, El Helicoide es uno de los inmuebles más emblemáticos de Venezuela. Su historia comenzó en la década de 1950, cuando fue concebido como un innovador complejo comercial con diseño futurista y una estructura en espiral que llamó la atención internacional. El proyecto nunca fue concluido y, con el paso de los años, el edificio terminó siendo utilizado por organismos de seguridad del Estado.
Durante las últimas dos décadas, el lugar se convirtió en uno de los principales centros de reclusión para opositores, activistas, periodistas y personas detenidas en operativos de seguridad. Organizaciones como Naciones Unidas, Human Rights Watch y Amnistía Internacional documentaron denuncias sobre presuntas torturas, aislamiento, amenazas y condiciones de detención consideradas inadecuadas.
En su resolución, la Corte recordó que ya había advertido en casos anteriores sobre las condiciones existentes dentro de El Helicoide y señaló que distintas investigaciones internacionales han identificado patrones de abusos contra personas detenidas en ese recinto.
La orden judicial surge además en medio de reportes recientes sobre el traslado de internos a otros centros penitenciarios. Aunque autoridades estadounidenses afirmaron a principios de junio que la prisión ya había sido cerrada, organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron entonces que aún permanecían personas recluidas en el inmueble.
Con la resolución de la Corte IDH, El Helicoide podría convertirse en uno de los pocos centros de detención de América Latina cuyo cierre ha sido ordenado expresamente por un tribunal internacional de derechos humanos, debido a las violaciones documentadas en su interior.