La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que la Corte de Circuito del Décimo Primer Circuito Judicial para el Condado de Miami Dade, Florida, falló en contra de Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, derivado de una demanda civil presentada en 2021.
La sentencia establece que deberán pagar una compensación equivalente a tres veces la cantidad originalmente demandada por el gobierno de México.
García Luna deberá pagar 748.8 millones de dólares, mientras que su esposa, Linda Cristina Pereyra, deberá pagar mil 740 millones de dólares.
El proceso legal se originó por pagos que el gobierno mexicano realizó a empresas vinculadas al exfuncionario, por un total de 745.9 millones de dólares, a través de un esquema de triangulación de recursos en paraísos fiscales.
Hasta la fecha, México ha recuperado apenas 2.8 millones de dólares del desfalco estimado. La UIF advirtió que buscará ejecutar la sentencia sobre los bienes de los sentenciados que se localicen en el futuro, incluso si están a nombre de terceros.
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Como parte de las resoluciones, ya se ejecutó una en contra de la empresa Delta Integrator LLC, propiedad de García Luna y su esposa, recuperando 1.97 millones de dólares, un inmueble valuado en 555 mil 800 dólares y 275 mil dólares adicionales por el vencimiento de una hipoteca.
Los recursos líquidos recuperados fueron ingresados a la Tesorería de la Federación, mientras que el inmueble está bajo administración del Gobierno de México para su venta.
La investigación de la UIF revela que empresas vinculadas a Jonathan Alexis Weinberg Pinto otorgaron 30 contratos en tecnología y seguridad que terminaron en pagos a cuentas en Israel y Barbados, para luego ser transferidos a empresas fachada en México y Estados Unidos, donde el dinero se lavó a través de inversiones inmobiliarias en Florida.
La denuncia original de la UIF involucró a ocho personas físicas y 44 empresas de diferentes países, como parte de una red para sacar el dinero de México, ocultarlo y devolverlo a sus beneficiarios finales.