La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que Nueva Elektra del Milenio, empresa vinculada al empresario Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar más de 67 millones de pesos en impuestos pendientes, en lo que representa un nuevo revés para el conglomerado.

El fallo se emitió pocos días después de que el Pleno del tribunal desechara siete amparos promovidos por Elektra y TV Azteca, que en conjunto obligan al empresario a enfrentar adeudos que superan los 50 mil millones de pesos, correspondientes a ejercicios fiscales entre 2008 y 2016.

Con seis votos a favor, los ministros respaldaron el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres en el amparo directo en revisión 3842/2024. En esta resolución, la Corte confirmó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sí puede auditar de manera directa a empresas individuales que integran un grupo fiscal consolidado, lo que echó abajo un criterio previo que limitaba las revisiones a la compañía controladora.

El nuevo criterio deja firme la facultad del fisco para exigir a Nueva Elektra del Milenio el pago de 67.16 millones de pesos.

Estaba previsto que también se discutiera el amparo directo en revisión 2526/2025, relacionado con TotalPlay y un adeudo de 645.7 millones de pesos; sin embargo, el ministro presidente Hugo Aguilar pidió mantener el asunto en lista para un estudio más profundo, por lo que su debate fue pospuesto.

La resolución se suma a una cadena de tropiezos judiciales para las empresas de Salinas Pliego. El 13 de noviembre, la SCJN desechó siete recursos que impedían el cobro de 50 mil 409 millones de pesos, incluyendo uno por más de 33 mil millones, al que la Corte negó el “interés excepcional” necesario para su revisión.

Mientras aún quedan pendientes otros asuntos de alto monto, la tendencia de las últimas decisiones del máximo tribunal ha sido cerrar la puerta a los intentos del grupo empresarial por frenar las determinaciones del SAT.

Tras el fallo más reciente, Grupo Salinas reiteró que continuará su defensa en otras instancias, tanto nacionales como internacionales. La empresa sostuvo que está dispuesta a pagar lo que considere “justo”, pero afirmó que no aceptará lo que calificó como “pretensiones excesivas e ilegales”.