La Corte Penal Internacional confirmó este jueves todos los cargos por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente filipino Rodrigo Roa Duterte, al considerar que existen pruebas suficientes para llevarlo a juicio por su papel en la llamada “guerra contra las drogas”.

La decisión, adoptada por unanimidad por una Sala de Cuestiones Preliminares, señala que los hechos habrían ocurrido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, periodo en el que Duterte fue primero alcalde de Dávao y posteriormente presidente de Filipinas.

De acuerdo con los jueces, los crímenes formaron parte de un “ataque generalizado y sistemático” contra la población civil, dirigido especialmente a personas consideradas sospechosas de delitos relacionados con drogas. La acusación incluye asesinatos en Dávao durante su gestión municipal, ejecuciones de presuntos “objetivos de alto valor” al inicio de su presidencia y muertes, así como intentos de asesinato, en operativos policiales posteriores.

En total, el caso documenta al menos 76 asesinatos y dos tentativas, aunque tanto la fiscalía como la Corte advierten que la cifra real de víctimas podría ser considerablemente mayor. Según la investigación, Duterte habría tenido un papel central en la estrategia, al diseñar la política, emitir instrucciones, facilitar recursos y promover públicamente acciones violentas, además de permitir condiciones de impunidad.

La fiscalía sostiene que existía una política para “neutralizar” a presuntos delincuentes, término que según la Sala en la práctica implicaba su eliminación, dentro de una campaña prolongada y coordinada a nivel local y nacional.

Con la confirmación de los cargos, el caso pasará a una Sala de Primera Instancia, que será la encargada de establecer el calendario y las condiciones del juicio.

Tras el fallo, la Fiscalía de la CPI aseguró que la resolución refleja la solidez de su investigación, mientras que la organización Human Rights Watch consideró que el proceso abre la puerta a una justicia largamente esperada para las familias de las víctimas.

La campaña antidrogas impulsada por Duterte, especialmente durante su presidencia entre 2016 y 2022, ha sido ampliamente cuestionada por organismos internacionales por el uso excesivo de la fuerza y la falta de rendición de cuentas. La CPI sostiene que tiene jurisdicción sobre el caso, ya que Filipinas formó parte del Estatuto de Roma entre 2011 y 2019, periodo en el que se enmarcan los hechos investigados.