La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la intención de restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes sin estatus legal, en una decisión que representa un duro revés para la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

En una votación de seis magistrados contra tres, el máximo tribunal desestimó el argumento de la Casa Blanca, que sostenía que los hijos de personas que permanecen en el país sin autorización no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por tanto, no deberían acceder automáticamente a la ciudadanía al nacer.

El fallo pone fin a meses de litigios iniciados por la administración Trump, que buscaba respaldar judicialmente la restricción de un derecho consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense, la cual establece que toda persona nacida en territorio nacional es ciudadana de Estados Unidos, salvo excepciones muy limitadas.

La resolución fue recibida con entusiasmo por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. Cientos de activistas que se congregaron desde tempranas horas frente al edificio de la Corte Suprema celebraron el fallo, al considerar que impedir la ciudadanía por nacimiento habría generado una población de menores sin nacionalidad y sin acceso pleno a derechos fundamentales.

La ciudadanía por nacimiento, conocida como jus soli, continúa vigente en Estados Unidos y en otros 33 países, donde el nacimiento dentro del territorio nacional otorga automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de los padres.

La resolución representa uno de los reveses judiciales más significativos para la estrategia migratoria de la administración Trump y mantiene la protección constitucional para miles de niños que nacen cada año en territorio estadounidense.