La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió este sábado la deportación de varios migrantes venezolanos detenidos en Texas, quienes serían trasladados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

La medida, impulsada por el presidente Donald Trump, se basaba en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por primera vez en tiempos de paz para justificar la expulsión de supuestos miembros del grupo criminal Tren de Aragua.

El máximo tribunal respondió a un recurso de emergencia presentado por la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), que advirtió sobre el inminente traslado de los detenidos sin acceso previo a un proceso judicial.

La ACLU argumentó que muchos de los deportados no tenían antecedentes penales y fueron detenidos arbitrariamente por sus tatuajes o apariencias físicas.

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La decisión de la Corte también se apoya en precedentes recientes, donde se estableció que cualquier persona sujeta a esta ley debía tener la oportunidad de impugnar su deportación.

El caso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño expulsado pese a contar con protección legal, ejemplifica los riesgos de este procedimiento: fue enviado al Cecot, la prisión de máxima seguridad en El Salvador, donde ya se encuentran 288 migrantes acusados de ser criminales.

El Cecot, considerado el penal más grande de América Latina, alberga a miles de reclusos en condiciones severas.

Ante las críticas de organismos de derechos humanos, la Corte Suprema estadounidense ha dejado en claro que las deportaciones sin el debido proceso violan principios fundamentales del sistema legal, poniendo un alto temporal a esta controvertida política migratoria.