La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos permitió este viernes al Gobierno del presidente Donald Trump poner fin al programa de parole humanitario que beneficiaba a más de medio millón de migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.

La decisión revoca una política implementada por la administración de Joe Biden que otorgaba permisos temporales de residencia y trabajo.

La resolución se produjo tras una solicitud de emergencia presentada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El fallo afecta directamente a 532 mil personas que habían accedido legalmente al país bajo esta figura. Aunque se trata de una orden breve, tiene implicaciones significativas para quienes aún mantenían sus procesos migratorios pendientes.

Las juezas liberales Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor manifestaron su desacuerdo con la decisión.

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Jackson escribió que el máximo tribunal había ignorado “las devastadoras consecuencias” de permitir la terminación abrupta del estatus migratorio de cientos de miles de personas, muchas de ellas con solicitudes legales en trámite.

El origen del caso se remonta a una sentencia previa de la jueza federal Indira Talwani, en Massachusetts, quien determinó que no era legal cancelar el parole de forma masiva sin revisar individualmente cada situación.

Sin embargo, la Corte Suprema dio la razón al Ejecutivo, permitiendo la eliminación del programa de forma generalizada.