Durante varias décadas, el gobierno mexicano ha transferido una gran cantidad de riqueza a un pequeño grupo de magnates a través de privatizaciones, concesiones, licencias y permisos.

Lo anterior ha resultado en un poder político que no solo les permite mantener sus fortunas, sino también empobrecer al resto de la población mediante los controles de precios que sus monopolios les garantizan, según un nuevo informe de Oxfam México.

Carlos Slim y Germán Larrea, los dos hombres más ricos de México y América Latina, han experimentado un aumento del 70 % en su fortuna desde 2020, gracias al poder económico y político que les otorgan sus monopolios.

El crecimiento de sus patrimonios equivale a la riqueza de 334 millones de mexicanos, en un contexto en el que más de nueve millones de personas viven sin la certeza de poder alimentarse al día siguiente.

Aunque Oxfam reconoce avances en política social y salarial en los últimos años, señala que dichos avances no son suficientes, ya que las reglas del juego para el resto de la población son muy diferentes a las que rigen para los ultrarricos.

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El informe destaca un sistema legal y tributario diseñado para aumentar desproporcionadamente las fortunas de los ultrarricos, el cual no ha sido desmantelado por ninguna de las administraciones en turno.

Lo anterior ha permitido que 14 ultrarricos del país acaparen el 8 % de la riqueza de México, equivalente a casi 180 mil millones de dólares, y que solo Carlos Slim posea el 4 % de esta riqueza.

Además, las 294 mil personas más ricas del país, clasificadas como tales por poseer más de un millón de dólares, acumulan el 60 % de la riqueza de México, lo que significa que el 0.2 % de la población posee el 60 % de la riqueza en un país donde 46.8 millones de personas viven en pobreza.

“Este poder económico se traduce además en poder político, que les permite influir en las reglas del juego de su relación con el Estado mexicano. También afecta a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque nuestras reglas del juego parecen tratar por igual a actores muy desiguales”, detalla del informe de Oxfam.

Como recomendaciones, se sugiere que “el Estado debe revitalizar su papel en la economía” para que las personas ganen más en su día a día, que paguen menos por lo que consumen, que la riqueza sea para quien la trabaja y que pague y repare quien más contamina.