La oscuridad no siempre llega con la noche; a veces, baja de los postes; a veces, cae como castigo. El 8 de abril, habitantes de Paso del Capire, Apatzingán, quedaron sin luz luego de que delincuentes sabotearan la red de la Comisión Federal de Electricidad. No fue un error técnico. Fue un mensaje.

Los grupos criminales no solo controlan el tránsito de armas, drogas y miedo, también están tomando el control de los servicios básicos; cortar la energía eléctrica, en una comunidad rural, equivale a apagar la vida: no hay refrigeración, ni agua, ni señal telefónica. La parálisis es total.

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Apatzingán, en el corazón de la Tierra Caliente, es un viejo epicentro del crimen organizado; en 2023 se registraron más de 40 sabotajes similares en la región, afectando a más de 120 mil personas.

La infraestructura se ha vuelto blanco habitual, es una guerra silenciosa que no deja cuerpos, pero sí vacíos funcionales.

Este ataque ocurre en un contexto donde los servicios públicos son cada vez más frágiles y el Estado, más ausente.

Cuando la luz depende de la voluntad de quienes disparan, no se trata solo de energía. Se trata de control. Y en Apatzingán, el interruptor ya no está en manos del gobierno.