En algunas entidades, el crimen organizado ya comenzó a desplegar sus estrategias de presión hacia partidos políticos y aspirantes, para definir quiénes pueden participar en el proceso electoral y quiénes deben bajarse.

Con “recados” a través de terceros, mensajes a líderes partidistas locales, llamadas directas y hasta “levantones” a aspirantes, los criminales les advierten a los aspirantes que desistan de participar en las elecciones.

El medio nacional Milenio confirmó que partidos políticos de todos los colores, ya tienen documentados casos a nivel municipal, en los que células delictivas han comenzado a operar en distintos niveles de gravedad, en la escena electoral.

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Por lo que se busca que el Instituto Nacional Electoral amplíe las facultades de la mesa de seguridad interinstitucional, para recibir denuncias personales pero con garantía de anonimato, que lleguen directo a las instancias de seguridad federal y eviten el asesinato de más aspirantes.

Los estados con los casos más graves son Zacatecas, Guanajuato y Guerrero, con intervención de personajes que se presentan como representantes del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación, ante la disputa de ambos grupos delictivos en estas entidades.

La mayor preocupación de los partidos políticos, es que el protocolo de seguridad presentado entre el INE y el gobierno federal, no contempla a las candidaturas de nivel local.

El protocolo se centra en quienes aspiren a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de la Ciudad de México, al Senador de la República y a la Cámara de Diputados, dejando desprotegido el nivel local.