El asedio de los agricultores franceses en plena Nochebuena ha puesto a la Comisión Europea en una posición defensiva. Las protestas no son un evento aislado, sino la culminación de un año de tensiones acumuladas por la implementación de la Agenda 2030 y el endurecimiento de las normas fitosanitarias. Los productores denuncian que, mientras a ellos se les imponen restricciones draconianas en el uso de fertilizantes y pesticidas, la Unión Europea negocia acuerdos comerciales con bloques externos que inundan el mercado con productos mucho más baratos y menos regulados, creando lo que llaman una “competencia desleal institucionalizada”.

La respuesta de Bruselas ha sido, hasta ahora, de una cautela que los manifestantes califican de indiferencia. El impacto económico de las barricadas de fuego y el estiércol en edificios públicos ya se siente en las cadenas de suministro de productos frescos, justo cuando la demanda alcanza su pico anual. Los líderes del movimiento agrario han advertido que el boicot navideño es solo el preludio de un 2026 de parálisis total si no se suspenden de inmediato los tratados de libre comercio que afectan al sector lácteo y cárnico, piezas clave de la economía rural francesa.

Ante este escenario, la presidencia de la UE enfrenta el dilema de mantener sus ambiciosos objetivos climáticos o ceder ante la presión de un sector que controla la seguridad alimentaria del continente. El simbolismo de los maniquíes colgados y el reemplazo de banderas europeas por estandartes locales subraya una ruptura profunda: el campo ya no se siente parte del proyecto europeo actual. Lo que comenzó como una queja por regulaciones técnicas ha mutado en una lucha de identidad y supervivencia económica que promete redibujar el mapa político de Francia en los meses por venir.