A medio año de haberse puesto en marcha, el Plan de Justicia P’urhépecha enfrenta críticas por su nulo avance y ausencia de presupuesto, denunció el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM).

Pavel Guzmán, vocero de la organización, señaló que la estrategia impulsada desde la presidencia de la República se ha convertido en un proceso burocrático que no atiende las demandas de las comunidades. “Los funcionarios sólo llegan a tomarse la foto, pero los problemas siguen sin resolverse”, reprochó.

De acuerdo con el CSIM, el proyecto ni siquiera aparece en el paquete económico 2026 que la presidenta Claudia Sheinbaum presentará este 8 de septiembre, lo que consideran una muestra clara de falta de compromiso.

Entre los pendientes más graves, recordaron los más de 70 asesinatos y desapariciones de autoridades y líderes indígenas en los últimos 50 años, sin que haya justicia. Asimismo, subrayaron que la Comisión de la Verdad y la Justicia, aprobada en asamblea plenaria, no ha mostrado avances.

Los consejeros comunales de San Ángel Zurumucapio, donde se realizó la cuarta asamblea del Plan, expusieron además problemas de inseguridad, desabasto de agua, abandono en infraestructura carretera y deficiencias en servicios de salud, particularmente en la atención a mujeres víctimas de violencia.

José Galván, coordinador comunitario, fue enfático: “No queremos discursos ni promesas vacías; exigimos soluciones concretas y reales”.

El CSIM llamó al Gobierno Federal a garantizar recursos para 2026 y dar cumplimiento a las propuestas ya avaladas en asamblea, entre ellas la restitución de territorios, el fortalecimiento de rondas comunitarias y el reconocimiento de jueces tradicionales.