El Consejo Supremo Indígena de Michoacán afirmó que la defensa de los bosques, el territorio y los recursos naturales ha costado la vida de 20 integrantes de las Rondas Comunales durante los últimos cuatro años, al responsabilizar al crimen organizado de los ataques contra las comunidades originarias.

Mediante un pronunciamiento dirigido a los pueblos y comunidades originarias, al pueblo de México, a los medios de comunicación y al Estado mexicano, el organismo sostuvo que las organizaciones criminales buscan controlar los recursos naturales, el robo de agua, la tala de bosques y la apertura de nuevas tierras para el cultivo de aguacate.

El CSIM, integrado por 80 pueblos p’urhépecha, otomí o hñahñú, matlazinca o pirinda, náhuatl y afromexicanos, señaló que durante más de una década las comunidades han denunciado el cambio ilegal de uso de suelo, la tala inmoderada, el robo de agua y la presencia del crimen organizado en sus territorios.

En su posicionamiento, las comunidades sostuvieron que son los pueblos originarios quienes conservan los bosques, mientras que acusaron a la industria exportadora de no asumir los costos ambientales y sociales derivados de la deforestación, además de señalar que grandes empresarios adquirieron terrenos forestales que posteriormente fueron deforestados de manera ilegal.

El Consejo también expresó su rechazo al Acuerdo emitido el pasado 26 de mayo por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual se crea el denominado Certificado de Libre Deforestación, al considerar que representa una contradicción con el reconocimiento público de que durante los últimos 20 años no se han autorizado cambios de uso de suelo forestal a frutícola en Michoacán.

De acuerdo con el pronunciamiento, el mecanismo permitiría que las superficies deforestadas antes de 2019 queden sin consecuencias, mientras que las intervenidas posteriormente puedan regularizarse mediante un procedimiento administrativo, sin contemplar restauración ambiental, reparación a las comunidades ni rendición de cuentas.

Ante este escenario, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán anunció que se reserva el derecho de promover los recursos jurídicos que considere necesarios para impedir que la regularización del aguacate, según su postura, se convierta en un instrumento que propicie la impunidad por los daños ambientales y las afectaciones sufridas por los pueblos originarios.