La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la suspensión provisional que frenó la orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, acusado de peculado, lavado de dinero, ejercicio indebido del servicio público y asociación delictuosa.

La medida, dictada el pasado 23 de abril, también beneficia a cuatro de sus excolaboradores.

Fue el agente del Ministerio Público Federal, Manuel Adrián Valdemar Patiño Ostoa, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quien presentó el recurso de queja contra la resolución emitida por un juez federal del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal.

El caso ahora está en manos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, que deberá resolver en un plazo máximo de 48 horas.

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Entre los implicados se encuentran exfuncionarios de alto nivel como Carlos Maldonado Mendoza y Antonio Bernal Bustamante.

Las acusaciones señalan un presunto daño patrimonial de tres mil 400 millones de pesos por la compra irregular de cuarteles de la Guardia Civil en varios municipios de Michoacán.

Mientras se resuelve la situación de Aureoles, sus excolaboradores ya han sido vinculados a proceso, con un plazo de tres meses para concluir las investigaciones complementarias.