En Uruapan, una madre soltera gana $220 diarios limpiando casas. Paga renta, luz, gas y comida. No tiene seguridad social, ni ahorros, ni red que la respalde. Como ella, el 61.3 % de la población ocupada en Michoacán carece de acceso a instituciones de salud. Cada quincena es una contabilidad de recortes. Trabaja sin tregua, pero no logra sostenerse. El salario es legal, sí. Pero vivir con eso es otra historia.

Hoy, el ingreso mínimo mensual en la zona centro es de $7,467 pesos, según la CONASAMI. Pero la línea de bienestar urbano en Michoacán, lo mínimo necesario para cubrir alimentos, vivienda y transporte, es de $4,272 por persona, según el CONEVAL. Para una familia de cuatro, eso implica $17,000 al mes. Y aún así, se queda corto. De hecho, el gasto promedio mensual en alimentos y vivienda por hogar en Michoacán es de $9,803 pesos, según la ENIGH.

La mayoría ni siquiera alcanza ese umbral. Según la ENOE, el 53.8 % de los trabajadores en Michoacán gana entre uno y dos salarios mínimos, y el 16.2 % gana menos de uno. Además, el 71.9 % de la población ocupada está en la informalidad laboral, sin contrato ni derechos plenos. Siete de cada diez personas trabajan sin poder cubrir el costo real de la vida.

La inflación no ayuda: aunque oficialmente fue de 4.66 % en 2023, el precio acumulado de la canasta básica ha subido más de 30 % en tres años, según Banxico y Profeco. A esto se suma la shrinkflation: productos que cuestan igual pero traen menos.

El trabajo ya no garantiza estabilidad. Apenas garantiza sobrevivencia.
Y cuando el esfuerzo no alcanza, la pregunta es inevitable: ¿Cuánto se necesita para vivir con dignidad?

Según la ENSAFI 2024, los michoacanos estiman que se requieren $11,200 pesos mensuales por persona. A nivel nacional, la cifra promedio es de $16,421 pesos.
No es una diferencia menor: es la distancia entre la subsistencia y la participación plena en la vida económica y social.

Porque mientras los ingresos no alcanzan, los precios no esperan.
Y mientras las políticas laborales celebran incrementos porcentuales, más de la mitad del país sigue viviendo bajo el umbral de la precariedad.

En México, el 54.9 % de la población ocupada no gana lo suficiente para cubrir la canasta básica alimentaria y no alimentaria, según el CONEVAL (1T 2024). En estados como Michoacán, esa proporción supera el 60 %.

No se trata simplemente del salario mínimo o de una política gubernamental específica. Se trata de corresponsabilidad: del Estado, del sector privado y de una economía que debe reconocer que no basta con aumentar porcentajes si el ingreso no cubre lo básico.
Porque un ingreso que no garantiza lo esencial no es digno. Es un espejismo estadístico. Y nadie vive de eso.

La pobreza no solo se mide en pesos. También en horas no dormidas, en cuerpos agotados, en enfermedades no atendidas, en infancias que crecen viendo a sus madres desaparecer en múltiples trabajos. El estrés económico crónico deteriora la salud mental y acorta la esperanza de vida. Según la OMS, vivir con angustia financiera permanente incrementa el riesgo de depresión, ansiedad y enfermedades cardiovasculares.

Tampoco es cierto que con más esfuerzo se sale adelante. Ese discurso meritocrático desconoce las barreras reales. Solo el 18 % de los trabajadores michoacanos cuenta con un empleo formal con prestaciones, y apenas el 4.2 % tiene acceso a capacitación o formación continua, según el Observatorio de Trabajo Digno. Para millones, la movilidad social es una promesa vacía en un sistema diseñado para dejar a muchos fuera.

Y no es nuevo. Michoacán lleva más de dos décadas entre los diez estados con menor ingreso promedio por persona. Hoy, el ingreso laboral promedio mensual en el estado es de apenas $4,953 pesos, según el INEGI. Es el equivalente a menos de la mitad de lo que las propias familias reconocen como necesario para vivir con dignidad.