Cuba presentará el 27 y 28 de octubre ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un proyecto de resolución para exigir el fin del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

Será la edición número 34 en que el gobierno cubano impulse esta iniciativa ante el organismo internacional. Desde 1992, la resolución ha recibido un respaldo mayoritario de los países miembros, aunque sus decisiones no son jurídicamente vinculantes.

El debate de este año estará marcado por las denuncias del canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien acusó a Washington de presionar a distintos gobiernos para que cambien su voto o se abstengan de apoyar la propuesta.

Estados Unidos, por su parte, ha llamado a los países a rechazar la resolución y ha argumentado que el debate debe considerar también las violaciones a los derechos humanos y la situación política en Cuba.

El embargo estadounidense contra la isla entró formalmente en vigor el 3 de febrero de 1962, durante el gobierno del presidente John F. Kennedy. La Habana sostiene que estas medidas afectan los derechos de su población y limitan el acceso a recursos esenciales, mientras Washington mantiene las restricciones como parte de su política hacia el gobierno cubano.

De acuerdo con cifras presentadas por Cuba, el embargo ocasionó pérdidas por 8 mil 56 millones de dólares entre marzo de 2025 y febrero de 2026. El gobierno de la isla calcula que el impacto acumulado durante más de seis décadas supera los 178 mil 700 millones de dólares.

A las sanciones comerciales se suma la crisis energética que atraviesa el país, agravada por la interrupción de suministros de petróleo y la escasez de combustible, factores relacionados con apagones prolongados y dificultades para mantener servicios básicos.

La votación de esta semana pondrá nuevamente a prueba el respaldo internacional a la demanda de La Habana, en un momento en que las relaciones con el gobierno de Donald Trump atraviesan una etapa de mayores presiones diplomáticas.