La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba presentó una iniciativa de reforma administrativa que propone reducir de 27 a 20 el número de ministerios con el objetivo de reorganizar la estructura del Estado y mejorar la eficiencia en la gestión gubernamental. La propuesta forma parte de un proceso de reordenamiento institucional impulsado en medio de las dificultades económicas que enfrenta la isla.

El proyecto establece una nueva distribución de dependencias gubernamentales y contempla la integración de algunas áreas actualmente separadas. Entre los cambios previstos se encuentra la incorporación de funciones relacionadas con ciencia y tecnología a la estructura de educación superior, así como la creación de nuevas dependencias enfocadas en deporte, recreación, información y comunicación social.

La reforma plantea que la Administración Central del Estado continúe subordinada al Consejo de Ministros, de acuerdo con lo establecido en la Constitución cubana. Además, el Banco Central conservará su rango dentro de la estructura gubernamental propuesta.

La iniciativa surge en un escenario marcado por una prolongada crisis económica que afecta al país desde hace varios años. Cuba enfrenta problemas relacionados con el suministro de combustibles, limitaciones energéticas y dificultades para garantizar el abastecimiento de productos básicos, situación que ha derivado en apagones prolongados, ajustes en actividades laborales y afectaciones en distintos sectores de la vida cotidiana.

En diversas regiones de la isla se han registrado cortes de energía de larga duración, mientras que la escasez de alimentos, medicamentos y otros insumos continúa representando uno de los principales desafíos para la población. Las autoridades consideran que una reorganización de la administración pública podría contribuir a optimizar recursos y fortalecer la capacidad operativa de las instituciones estatales.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el posible impacto de la reforma en la plantilla laboral del sector público ni sobre eventuales ajustes en puestos de trabajo. La propuesta deberá continuar su proceso legislativo antes de entrar en vigor.