En Michoacán, las morgues ya no son sitios de tránsito para la verdad. Se han convertido en bodegas del abandono. Cientos de cuerpos no identificados se almacenan en congeladores saturados, en cámaras que rebasaron su capacidad hace años, y en listas que nadie puede borrar. Mientras las fosas siguen multiplicándose en los márgenes del estado, el sistema forense parece congelado: no por el frío de sus refrigeradores, sino por la falta de personal, de presupuesto y de voluntad política.

Según el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas, Michoacán acumulaba más de 1,200 cadáveres sin nombre hasta 2024, muchos de ellos almacenados durante años sin que se les haya practicado una prueba genética completa. En algunos Servicios Médicos Forenses (SEMEFO), los cuerpos llevan más de un lustro en espera. Otros han sido inhumados de manera masiva, sin identificación plena, en cementerios públicos o fosas comunes. Entre 2017 y 2021, la Fiscalía estatal reportó al menos 1,100 cadáveres sin identificar sepultados en fosas comunes, sin que se haya logrado consolidar un sistema de trazabilidad posterior.

El problema, aunque local, es el reflejo de un fenómeno nacional. México enfrenta una crisis forense sin precedentes: más de 52 mil cuerpos permanecen sin identificar en morgues, mientras que el número de personas desaparecidas supera los 112 mil casos. El Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), creado para atender la emergencia, ha advertido que al ritmo actual se requerirían más de 100 años para identificar todos los restos acumulados.

Víctimas invisibles

Los cuerpos sin nombre no son cifras aisladas. En muchos casos, se trata de migrantes en tránsito, víctimas del crimen organizado, personas sin red familiar o en situación de calle. Algunos fueron asesinados en contextos de violencia sistemática, otros murieron sin documentos ni denuncias previas. Su anonimato no es solo una tragedia personal, es también un síntoma de un Estado que no supo registrar, proteger ni identificar a quienes cayeron.

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¿Por qué colapsó el sistema?

La falta de identificación no es una anomalía: es la norma. El sistema forense mexicano opera con personal insuficiente, laboratorios rezagados, bases de datos fragmentadas y escasa interoperabilidad entre instituciones. A ello se suma la inexistencia de un Banco Nacional de Datos Forenses operativo, pese a ser una promesa institucional desde hace más de una década. Hoy, cada estado tiene su propio sistema, sus propios vacíos y su propio caos.

En Michoacán, el deterioro ha sido constante. De acuerdo con informes públicos, muchos de los cuerpos no identificados ni siquiera han sido analizados genéticamente. La información dactilar o dental no siempre se digitaliza ni se comparte. Sin coordinación nacional ni trazabilidad, la acumulación de cadáveres se vuelve inevitable.

Comparativa nacional

El colapso no es exclusivo del estado. En Jalisco, la cifra supera los 7 mil cuerpos sin identificar. En Veracruz, hay servicios médicos que funcionan con refrigeradores improvisados. En Coahuila, el Centro Regional de Identificación Humana ha logrado avances, pero enfrenta limitaciones logísticas. A nivel nacional, más de 72 mil cuerpos siguen sin nombre desde 2006, de los cuales casi la mitad ingresaron entre 2019 y 2023, según datos del propio MEIF. La crisis no se detiene: se acelera.

Reconectar con la verdad

Frente a este panorama, las respuestas no pueden seguir siendo parciales ni tácticas. Urge consolidar un banco nacional de datos genéticos con acceso federalizado, homologar las metodologías forenses, garantizar formación especializada y fortalecer los protocolos de inhumación y trazabilidad. También se requiere integrar el trabajo de los colectivos de búsqueda, que han suplantado al Estado en muchas regiones.

Porque detrás de cada cuerpo sin nombre hay una historia rota, una familia suspendida y un derecho que aún espera justicia. No se trata solo de identificar cadáveres, sino de devolverle al país la posibilidad de cerrar una herida que sigue abierta.