El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó un decreto que permite el ingreso y despliegue de personal militar extranjero en el país para participar en operaciones de seguridad contra grupos criminales, en el marco del conflicto armado interno declarado por el gobierno contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas.
La medida establece que militares de países aliados podrán operar junto a las fuerzas de seguridad ecuatorianas en las provincias más afectadas por la violencia. Noboa señaló que la decisión es resultado de meses de trabajo y reuniones internacionales, incluida una reciente visita a Estados Unidos para abordar temas de cooperación en materia de seguridad.
El decreto contempla que el personal extranjero que participe en estas acciones contará con inmunidad conforme a los acuerdos internacionales aplicables suscritos por Ecuador. Además, establece disposiciones relacionadas con posibles beneficios jurídicos para militares, policías y civiles que intervengan en operaciones destinadas a enfrentar al crimen organizado.
Ecuador ya mantiene cooperación internacional con países como Estados Unidos y organismos europeos en áreas como inteligencia y apoyo técnico, aunque hasta ahora no había permitido la presencia de tropas extranjeras en territorio nacional para operaciones directas de seguridad.
La decisión ocurre mientras el gobierno ecuatoriano mantiene una estrategia de combate contra bandas criminales responsables de actividades como narcotráfico, extorsiones y minería ilegal. Desde enero de 2024, Noboa declaró un conflicto armado interno y ha implementado diversos estados de excepción para reforzar la intervención de las fuerzas de seguridad.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado posibles abusos cometidos durante operativos militares y han documentado casos bajo investigación. Entre ellos se encuentra la desaparición forzada de cuatro menores en Guayaquil en diciembre de 2024, un caso por el que varios militares fueron sentenciados.
Pese a las medidas implementadas por el gobierno ecuatoriano, el país registró en 2025 una cifra récord de homicidios, con más de nueve mil asesinatos y una de las tasas de violencia más elevadas de América Latina, según cifras oficiales citadas en investigaciones sobre seguridad pública.