El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción en diez provincias y tres municipios del país, argumentando una situación de “grave conmoción interna” derivada de la persistente violencia vinculada al crimen organizado.

La medida entró en vigor este martes y tendrá una duración de 60 días. El decreto abarca las provincias de Pichincha, donde se ubica la capital Quito, así como Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. También incluye los municipios de La Maná, Las Naves y La Troncal.

De acuerdo con el documento firmado por el mandatario, el objetivo es reforzar las acciones de las fuerzas de seguridad para recuperar el control territorial en zonas afectadas por la actividad de organizaciones criminales, principalmente ligadas al narcotráfico, extorsión, secuestro y homicidios.

El estado de excepción faculta a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a intervenir de manera extraordinaria para preservar el orden público y combatir a grupos delictivos considerados una amenaza para la seguridad del país. Entre otras disposiciones, permite la realización de operativos especiales y medidas de control orientadas a prevenir actividades criminales.

La decisión se produce apenas 16 días después de que concluyera la vigencia de una declaratoria similar, reflejando la continuidad de la estrategia de seguridad impulsada por Noboa desde que declaró al país en conflicto armado interno para enfrentar a las principales bandas criminales. Desde su llegada al poder, el mandatario ha recurrido de manera reiterada a estados de excepción para combatir la violencia, en medio de una crisis de seguridad que ha colocado a Ecuador entre los países con mayores índices de homicidios de la región.

Las provincias incluidas en la nueva medida concentran algunos de los principales corredores del narcotráfico y han sido escenario de enfrentamientos entre grupos criminales que disputan rutas de tráfico de drogas, así como de ataques contra fuerzas de seguridad y funcionarios públicos.