El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la implementación de un toque de queda en cuatro provincias del país del 15 al 30 de marzo, como parte de una nueva ofensiva contra el crimen organizado ante los altos índices de violencia.

La restricción aplicará en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, esta última ubicada en la frontera con Perú.

El anuncio se realizó durante la ceremonia por los 88 años de profesionalización de la Policía Nacional, donde el mandatario aseguró que el país entra en una “siguiente fase de combate” dentro de lo que ha denominado una guerra contra el crimen organizado.

“El pueblo necesita vivir en paz”, expresó Noboa, al tiempo que adelantó que se desarrollarán operaciones militares y policiales conjuntas con aliados internacionales. Más tarde, en su cuenta oficial en X, precisó que uno de los países que colaborará será Estados Unidos.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, detalló que el toque de queda regirá diariamente de las 23:00 a las 05:00 horas. Subrayó que la medida busca debilitar las operaciones del narcotráfico y de los grupos delictivos que operan en esas zonas, al considerar fundamental limitar la movilidad nocturna.

La decisión se suma a la renovación del estado de excepción decretado el pasado 31 de diciembre por “grave conmoción interna”, el cual fue extendido por 30 días adicionales en nueve de las 24 provincias del país y en tres municipios con altos niveles de violencia. Entre las provincias bajo esa medida se encuentran Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

Desde 2024, se mantiene bajo la declaratoria de “conflicto armado interno”, figura con la que el gobierno ha intensificado la persecución de bandas criminales, a las que cataloga como organizaciones terroristas.

Ecuador cerró 2025 como el año más violento en la historia reciente del país, con 9 mil 235 homicidios registrados, según cifras oficiales del Ministerio del Interior, lo que mantiene la presión sobre el gobierno para frenar la crisis de seguridad.