El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó una nueva iniciativa de reforma constitucional que busca ampliar de cinco a siete años el periodo presidencial, permitir su renovación indefiniday otorgar mayores facultades al sistema electoral para impedir la participación de fuerzas opositoras.
La propuesta fue dada a conocer por la copresidenta Rosario Murillo, quien informó que el proyecto ya fue compartido con el cuerpo diplomático acreditado en Managua y será enviado a la Asamblea Nacional, dominada por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
De aprobarse, la reforma modificaría de manera sustancial el sistema político nicaragüense, pues establecería mandatos de siete años prorrogables y permitiría al Consejo Supremo Electoralcancelar candidaturas o partidos políticos bajo criterios relacionados con la “defensa de la soberanía” y la “seguridad nacional”. La medida ha sido interpretada por críticos como un mecanismo para excluir a la oposición de futuras elecciones.
La Jornada informó que el proyecto forma parte de una serie de cambios constitucionales impulsados por Ortega y Murillo para consolidar el modelo de “copresidencia” instaurado recientemente en el país. El actual mandato de Ortega concluye en 2027, año en el que estaban previstas nuevas elecciones presidenciales.
La iniciativa surge apenas días después de que Ortega afirmara públicamente que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, declaración que generó preocupación internacional y fuertes cuestionamientos sobre el futuro de la democracia en el país. Organismos de derechos humanos y gobiernos extranjeros han señalado que el espacio cívico nicaragüense se encuentra severamente restringido tras años de persecución a opositores, periodistas y organizaciones civiles.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió recientemente que impedir la participación política de adversarios electorales profundizaría la represión y consolidaría la concentración del poder en manos de Ortega y Murillo.
La aprobación definitiva del proyecto requerirá el respaldo de la Asamblea Nacional y una segunda votación en la próxima legislatura, aunque el control parlamentario del FSLN hace prever un trámite sin mayores obstáculos políticos.
Con esta reforma, Nicaragua avanzaría hacia uno de los cambios constitucionales más profundos de las últimas décadas, en medio de crecientes cuestionamientos internacionales sobre el deterioro de las libertades políticas y el Estado de derecho en el país centroamericano.