El panorama geopolítico entre Washington y América Latina ha dado un giro significativo bajo la influencia de Stephen Miller, el poderoso subjefe de gabinete y arquitecto de las políticas fronterizas de la administración Trump. Según informes revelados por el Washington Post, México fue inicialmente el objetivo principal de planes para realizar acciones militares bajo el marco de una nueva “guerra contra las drogas”. Sin embargo, la disposición del gobierno mexicano para frenar los flujos migratorios y cooperar en la seguridad fronteriza persuadió a Miller de redirigir su estrategia bélica hacia el sur, convirtiendo a Venezuela en el nuevo foco de presión militar.
Este cambio de estrategia no solo obedece a la lucha contra el narcotráfico, sino que ha revelado una motivación económica central: el petróleo. Tras el anuncio de un bloqueo naval contra el país sudamericano, la retórica de Miller ha evolucionado para calificar la expropiación de la industria petrolera venezolana como el “robo de riqueza más grande jamás registrado”. A través de redes sociales, el asesor ha sostenido que la infraestructura creada por el esfuerzo estadounidense fue saqueada para financiar el terrorismo, una narrativa que busca justificar operaciones militares futuras bajo la premisa de recuperar propiedad estadounidense.
Presión diplomática y el factor T-MEC
Mientras el enfoque militar se desplaza hacia Venezuela, la presión política sobre México se intensifica en el ámbito legislativo. En una reciente audiencia del Comité de Asuntos Exteriores, la representante María Salazar cuestionó duramente la política de “no intervención” de México, señalando que en la práctica el país apoya activamente a regímenes contrarios a los intereses de Washington. Salazar destacó el envío de 55 barcos petroleros a Cuba y la contratación de médicos cubanos como puntos de fricción que, según ella, violan las disposiciones del T-MEC y deberían ser usados como moneda de cambio en las próximas renegociaciones del acuerdo comercial.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra así bajo un doble escrutinio: por un lado, se le exige mantener la cooperación en la frontera norte y en la lucha contra el fentanilo, y por otro, se le presiona para abandonar su neutralidad histórica respecto a la crisis venezolana y su relación con Cuba. Funcionarios del Departamento de Estado, como Katherine Dueholm, han instado formalmente a México a reconsiderar sus posiciones, sugiriendo que el apoyo a la isla es contrario a los “valores compartidos” en el hemisferio.
El equilibrio de la seguridad bilateral
A pesar de las críticas en el Capitolio, la cooperación técnica entre ambos países se mantiene en niveles operativos inéditos. Chris Landberg, del Buró de Narcóticos Internacionales, reconoció que la colaboración con México en materia de seguridad es sólida; sin embargo, las demandas de Washington siguen en aumento. Estados Unidos espera que México incremente su presupuesto para el combate a los cárteles, refuerce el patrullaje en la frontera común y endurezca su postura frente a los químicos precursores provenientes de China.
Este escenario coloca a la relación bilateral en un punto de tensión estratégica: la Casa Blanca utiliza el éxito de la cooperación fronteriza como una razón para no intervenir militarmente en México, pero emplea esa misma estabilidad para exigir que el país se alinee con su política exterior en el resto de las Américas. El cabildeo de figuras como Miller y Rubio sugiere que la “alineación” de México con los objetivos de Washington en Cuba y Venezuela será un tema ineludible en la agenda diplomática de 2026.