La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) advirtió que continuará identificando y exponiendo a funcionarios que, de acuerdo con investigaciones estadounidenses, hayan puesto los intereses de organizaciones criminales por encima de sus responsabilidades públicas.
El director de la DEA, Terry Cole, sostuvo que la corrupción representa una de las principales herramientas de los cárteles y señaló que la agencia mantiene su compromiso de perseguir las redes que permiten operar a estas organizaciones.
Las declaraciones fueron acompañadas por un señalamiento relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Cole destacó que México recuperó 5.8 millones de dólaresvinculados con la red de corrupción del exfuncionario, quien fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con sobornos del narcotráfico.
El titular de la DEA indicó que, además de los recursos recuperados por México, Estados Unidos mantiene resoluciones judiciales pendientes relacionadas con García Luna y continuará buscando la restitución de bienes vinculados con sus actividades ilícitas.
La agencia antidrogas ha incrementado sus señalamientos sobre presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones criminales. Cole afirmó recientemente que existen servidores públicos de alto nivel que trabajan directamente con los cárteles y aseguró que algunos funcionarios presuntamente relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ya fueron advertidos por autoridades estadounidenses.
Los señalamientos también ocurren mientras Estados Unidos mantiene investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos nexos con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa. Entre los nombres mencionados públicamente por autoridades estadounidenses se encuentra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Por separado, Derek Maltz, exdirector interino de la DEA, publicó recientemente contenido generado con inteligencia artificial relacionado con Rocha Moya y volvió a exigir que el mandatario sinaloense enfrente a la justicia estadounidense.
La DEA ha sostenido que continuará trabajando con autoridades mexicanas mediante intercambio de inteligencia y acciones contra las estructuras financieras y operativas de los cárteles, mientras Washington mantiene la presión para perseguir tanto a integrantes del crimen organizado como a las redes de corrupción que les permiten operar.