La sesión del Congreso de la Ciudad de México derivó en un intenso intercambio luego de que legisladores señalaron que la marcha de la generación Z, realizada el sábado pasado, habría sido infiltrada y reforzada por grupos movilizados desde estructuras político-territoriales.

De acuerdo con el exhorto aprobado por el pleno, existen indicios de que personas vinculadas a distintas alcaldías participaron en el traslado y organización de comerciantes ambulantes que terminaron involucrados en los hechos de violencia registrados durante la manifestación.

El punto de acuerdo solicita a la Contraloría capitalina y a la Fiscalía General de Justicia profundizar en las investigaciones, mientras que la Junta de Coordinación Política deberá analizar la conformación de una comisión especial para dar seguimiento a las pesquisas.

Durante el debate, se exhibieron nombres de operadores que presuntamente convocaron a vendedores informales bajo presión, lo que abrió un segundo eje de discusión sobre la relación entre estructuras partidistas y grupos de comercio en vía pública.

Entre los señalamientos se mencionaron personajes ligados al comercio ambulante y colaboradores de distintas demarcaciones, así como perfiles con antecedentes de participación política.

Algunos legisladores se deslindaron de los hechos y exigieron que cada involucrado rinda cuentas sobre su actuación. Como ejemplo la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, una de las acusadas por el Congreso de la Ciudad de México de pagar a grupos violentos con recursos públicos para cometer actos vandálicos en la manifestación de la generación Z del sábado, subió a sus redes sociales una foto con el mensaje: éstos son los que deberían ser los verdaderos presos políticos, dictadores y asesinos, que ustedes veneran, en lugar de los detenidos tras los desmanes.

La discusión, que se prolongó por más de cuatro horas, cerró con un llamado a las dirigencias partidistas a pronunciarse contra la violencia y con el rechazo de la bancada panista a las acusaciones.

El debate dejó en claro la preocupación del Congreso por la posible instrumentalización de organizaciones sociales en movilizaciones juveniles, un fenómeno que, advierten, debe esclarecerse para evitar que se repita.