El proceso electoral 2024 cerrará como uno de los períodos con menor incidencia de justicia e investigación por delitos electorales en la historia reciente de Michoacán. La omisión de actuar de oficio, la falta de denuncias por desconfianza en la institución y la tardía instalación de la fiscalía repercutieron en los casos investigados.

Lo anterior quedó expreso en los datos duros oficiales contenidos en las carpetas de investigación; desde el periodo de campañas hasta el cierre de los comicios, se abrieron apenas 73 carpetas de investigación en el estado.

Las cifras oficiales contrastan con los 103 delitos electorales que se investigaron en 2021; 83, en 2018; y 93, en 2015. En términos generales, la incidencia de carpetas de investigación abiertas disminuyó en promedio más del 40 % entre este y procesos electorales pasados.

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El escenario de justicia electoral de los últimos cuatro meses en el estado es directamente adjudicado a las omisiones generadas por Víctor Manuel Serrato Lozano frente a la Fiscalía Electoral. Su casi nula aparición ante la opinión pública y las omisiones de abrir carpetas de investigación de oficio ya son señalados.

En más de una ocasión, el fiscal electoral se ha negado a abrir investigaciones de oficio por hechos con apariencia de delito electoral que han sido señalados desde la prensa local, las redes sociales e incluso por activistas políticos.

Hay discrepancia en las cifras presentadas. Datos de la Secretaría de Gobierno de Michoacán indican que 103 candidatos y candidatas recibieron apoyo de seguridad por amenazas, extorsión e incluso agresiones directas. Por lo anterior, tendrían que existir al menos 103 carpetas de investigación, es decir, al menos una por cada uno de los políticos que recibieron escoltas por parte del estado.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales establece en el Capítulo 1, artículo 4 de las Reglas Generales: “El ministerio público en todos los casos procederá de oficio con el único de las investigaciones por los delitos previstos en esta ley”.