Durante un acto público en el fraccionamiento Real de Santa Rosa, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, lanzó un mensaje directo a los vecinos: pidió dejar de encubrir a familiares o conocidos involucrados en delitos. “Dejen de ser alcahuetes de sus hijos sicarios”, advirtió ante colonos y funcionarios, al insistir en que la violencia no se combate solo con patrullas, sino con conciencia y corresponsabilidad social.

El edil señaló que muchas familias conocen las actividades criminales de sus hijos o allegados, pero eligen callar.

“Ustedes también son responsables, dijo, porque saben de algún vecino, un hijo drogado, un hijo sicario, que sale con la pistola o llega con una moto robada, y ahí andan solapando sus chingaderas. Mi recomendación es que los denuncien, y no que anden llorando al rato que se los mate el gobierno en un enfrentamiento”.

Las declaraciones se dan en un municipio que este año acumula más de 400 homicidios dolosos, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Uruapan se mantiene entre los puntos más violentos de Michoacán, junto con Morelia y Zamora, por la presencia de células criminales que disputan el control del territorio y el reclutamiento de jóvenes.

El fenómeno, sin embargo, trasciende las fronteras locales. A nivel nacional, diversos estudios han estimado que más de 175 mil personas en México podrían estar empleadas como sicarios, narcomenudistas o colaboradores directos del crimen organizado. Investigaciones académicas publicadas en 2023 revelaron que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación concentran la mayor parte de esa estructura: el primero con más de 26 mil miembros activos y el segundo con cerca de 18 mil 800.

El reclutamiento de menores también ha alcanzado niveles alarmantes: organismos especializados calculan que entre 35 mil y 460 mil niños y adolescentes participan en tareas criminales en todo el país, desde la vigilancia de territorios hasta el sicariato juvenil.

Estos datos reflejan que el sicariato dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en un componente estructural del crimen en México. En ese contexto, el llamado de Manzo apunta no solo a la moral individual, sino a una fractura más amplia: la de una sociedad que se ha acostumbrado a convivir con la violencia.

“La inseguridad no se resuelve solo con patrullas, sino con conciencia”, insistió el alcalde, al subrayar que el primer frente contra el crimen está dentro de los hogares. Su mensaje, aunque polémico por el tono, evidenció el desgaste de las instituciones locales frente a una violencia que rebasa las capacidades del gobierno y que se nutre, también, del silencio civil.

El discurso confronta a una sociedad que vive entre la culpa y el miedo. Pide del ciudadano lo que el sistema no garantiza: justicia, protección, alternativas. Denunciar a un hijo puede equivaler a condenarlo; callar, en cambio, a perpetuar el ciclo. Y en ese callejón ético se resume buena parte del fracaso de la política de seguridad en México.

En el fondo, Manzo tiene razón: el silencio familiar, la complicidad vecinal y la normalización del crimen son parte del mismo problema. Pero también tiene un punto ciego: ninguna familia puede romper sola un pacto que el propio Estado ha tolerado durante años. Su llamado, por más honesto que sea, evidencia el aislamiento del poder municipal frente a un fenómeno que se reproduce al margen de cualquier control institucional.

Porque en Uruapan, como en muchos lugares del país, el crimen ya no se impone por las armas, sino por la costumbre. En Y lo verdaderamente urgente no es solo dejar de ser “alcahuetes”, sino dejar de vivir bajo un sistema que obliga a elegir entre ser cómplice o sobreviviente.