El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue demandado ante un tribunal federal de Nueva York por la venta de acceso anticipado a sus publicaciones en Truth Social, mediante un servicio que cobra hasta 100 mil dólares mensuales a clientes institucionales.
La demanda fue presentada por The Intercept y la Freedom of the Press Foundation, que buscan impedir que Trump y funcionarios de la Casa Blanca utilicen la plataforma para ofrecer acceso preferente a comunicaciones presidenciales que pueden contener información oficial capaz de influir en los mercados.
El servicio, denominado Truth API y operado por Trump Media & Technology Group, comenzó a ofrecer acceso directo a publicaciones de las cuentas más influyentes de la plataforma. Entre ellas se encuentra la de Trump, quien utiliza Truth Social para anunciar decisiones de gobierno, cambios de política y otras medidas de alcance nacional.
Los demandantes sostienen que esta modalidad puede vulnerar la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense al establecer un acceso desigual a información oficial entre quienes pueden pagar por recibirla antes y el resto de la población. También argumentan que el esquema genera un beneficio económico para Trump debido a su participación en Trump Media.
La acción legal solicita que el tribunal declare ilegal la práctica de utilizar Truth Social como vía exclusiva para determinadas comunicaciones oficiales mientras existe un mecanismo de acceso anticipado mediante pago. También busca impedir que la administración mantenga esa modalidad.
Trump Media informó recientemente que Truth API ya cuenta con más de 10 clientes y que espera convertir el servicio en una fuente de ingresos recurrentes. La empresa ha señalado que el sistema está dirigido principalmente a clientes que requieren acceso rápido a publicaciones consideradas relevantes para los mercados financieros.
La demanda deberá ser analizada ahora por el tribunal federal de Nueva York, que tendrá que determinar si la comercialización del acceso anticipado a publicaciones presidenciales vulnera las garantías constitucionales señaladas por los demandantes.