El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, fue señalado en una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos de detención arbitraria y tortura contra manifestantes detenidos durante las protestas del 11 de octubre en Guadalajara, donde ciudadanos exigieron soluciones a la crisis del agua contaminada.

La denuncia se produce después de que participantes en la movilización acusaran a policías estatales de ejercer violencia física y amenazas durante las detenciones y su traslado a Casa Jalisco, residencia oficial del mandatario.

Entre los testimonios se encuentra el de Alejandra Rivas, quien relató que fue sometida por agentes, arrastrada por el pavimento y golpeada. También afirmó que su teléfono fue destruido y que, al ingresar al inmueble, presentaba heridas en la cabeza.

Rivas manifestó su disposición a acudir a las autoridades federales ante la desconfianza en las instancias estatales para investigar lo ocurrido. Los señalamientos incluyen presuntas agresiones contra otras personas que fueron detenidas durante la protesta.

Los hechos ocurrieron en una manifestación relacionada con las quejas por la calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Durante el operativo policial se utilizaron chorros de agua y gases lacrimógenos, además de registrarse detenciones que posteriormente fueron cuestionadas por las autoridades y organizaciones civiles.

El caso también llegó al ámbito federal. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió investigar las denuncias de tortura y solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizar una indagatoria para esclarecer lo sucedido y determinar posibles responsabilidades.

Por su parte, Lemus reconoció que durante el operativo hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas. El gobernador aseguró que ordenó investigar a los policías involucrados y revisar los videos de la movilización para establecer responsabilidades.

El mandatario también afirmó que todas las personas detenidas durante la protesta recuperaron su libertad y que se buscará reparar los daños ocasionados.

La investigación deberá establecer las circunstancias de las detenciones, la actuación de los agentes y si existen elementos para atribuir responsabilidades penales. Hasta que las autoridades determinen los hechos, las acusaciones contra el gobernador y los elementos policiales deberán tratarse como señalamientos sujetos a investigación.