Una mujer privada de la libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, denunció cobros ilegales, agresiones físicas, castigos, acoso sexual y amenazas dentro del penal. La interna, identificada como Angélica, pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum al asegurar que teme por su integridad y que las represalias en su contra se han intensificado durante los últimos meses.

Su testimonio describe una estructura de cuotas que alcanzaría actividades y servicios elementales. Angélica afirmó que las internas deben entregar dinero para realizar llamadas, recibir ciertos traslados médicos o evitar sanciones. Cuando no consigue pagar, aseguró, es enviada al módulo de castigo, donde le restringen alimentos, medicamentos y artículos básicos. También denunció el robo de sus pertenencias y amenazas de traslado a una prisión federal.

La acusación más grave involucra a Yessica López Avilés, quien hasta el 23 de julio ocupó la Subdirección Operativa del centro y tenía responsabilidades directas sobre la seguridad interna. Angélica sostiene que fue objeto de represalias después de rechazar una propuesta de índole sexual que atribuye a la entonces funcionaria. López Avilés dejó el cargo por “motivos personales”, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ha rechazado vincular oficialmente su salida con las denuncias o con la crisis abierta por las muertes registradas dentro del penal.

La interna también señaló que grupos de reclusas golpean y amenazan a otras mujeres para cobrar cuotas en los dormitorios, supuestamente con conocimiento o tolerancia de personal penitenciario. Las denuncias incluyen revisiones corporales irregulares, presiones contra familiares y cobros a quienes acuden a las visitas. Hasta ahora, estas imputaciones no han sido resueltas por una autoridad judicial y deben tratarse como acusaciones bajo investigación.

El señalamiento aparece en un penal donde seis mujeres murieron bajo custodia entre marzo y junio de 2026. Las víctimas fueron identificadas como Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura. La Secretaría de Seguridad Ciudadana atribuyó los fallecimientos a asfixia, broncoaspiración, acidosis metabólica, hipertensión e insuficiencia renal; dos de los casos fueron considerados posibles muertes autoinfligidas. Todas fueron notificadas al Ministerio Público.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México abrió seis expedientes y realiza visitas periódicas para determinar si existieron omisiones, fallas estructurales o responsabilidades de las autoridades. Santa Martha alberga aproximadamente a mil 500 mujeres y ya había sido objeto de observaciones por condiciones que podían facilitar tratos crueles, inhumanos o degradantes. La investigación deberá establecer si las denuncias de Angélica corresponden a abusos individuales o revelan un sistema de violencia y cobros instalado dentro del centro penitenciario.