El Concejo de Denver aprobó una ordenanza que impide a agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) y a otros funcionarios federales cubrirse el rostro durante operativos realizados dentro de la ciudad, con el argumento de reforzar la identificación de autoridades y disminuir el temor en comunidades migrantes.

La disposición también obliga a que los agentes porten credenciales visibles. En caso de incumplimiento, podrían enfrentar citaciones o incluso arrestos por parte de la Policía local. La norma contempla excepciones para operaciones encubiertas y equipos tácticos especiales.

Tras la votación del lunes por la noche, la concejal Shontel Lewis señaló que residentes han expresado miedo al no poder identificar a quienes les solicitan información durante operativos. Por su parte, la concejal Flor Alvidrez afirmó haber recibido llamadas de vecinos preocupados por la presencia de agentes armados sin acreditación visible tocando puertas en distintos barrios.

La ordenanza entrará en vigor una vez que sea firmada por el alcalde demócrata Mike Johnston. No obstante, su aplicación genera dudas, ya que autoridades federales podrían impugnarla.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó la medida como “inconstitucional” y adelantó que sus agentes no la acatarán. En un comunicado, defendió el uso de pasamontañas como mecanismo de protección ante posibles amenazas y la difusión de datos personales de sus elementos.

La nueva ordenanza se suma a una orden ejecutiva firmada el 26 de febrero por Johnston, que prohíbe a ICE realizar operativos en propiedades municipales sin orden judicial válida, limita el uso indebido de fuerza y autoriza a la Policía local a resguardar manifestaciones. También establece restricciones para acciones en lugares sensibles como escuelas e iglesias sin supervisión judicial.

El debate ocurre en un contexto donde el tema migratorio tiene peso en la ciudad. Según la organización FWD.us, alrededor del 9 por ciento de los residentes de Denver —unas 264 mil personas— son migrantes irregulares o viven con alguien sin estatus legal, con estimaciones que sitúan entre 90 mil y 110 mil a la población directamente afectada.

En los últimos días se han reportado operativos en zonas como Lakewood y Aurora. En Lakewood, familiares de un detenido denunciaron que agentes federales persiguieron al sospechoso y forzaron la entrada a un apartamento, incidente que, según la Policía local, incluyó un choque con vehículos oficiales antes de concretar la detención.

Asimismo, se han realizado redadas en Aurora relacionadas con la búsqueda de presuntos integrantes del Tren de Aragua, operativos que han sido cuestionados por autoridades locales y defensores de derechos civiles.

En paralelo, el Distrito Escolar de Denver presentó una demanda contra el mandato federal que permite acciones de ICE en aulas, en medio de reportes de padres migrantes que han dejado de enviar a sus hijos a la escuela por temor a redadas.