El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició procedimientos para revocar la ciudadanía estadounidense de 17 personas naturalizadas, entre ellas dos ciudadanos de origen mexicano, al considerar que obtuvieron ese beneficio mediante fraude, ocultamiento de información relevante o declaraciones falsas durante sus procesos migratorios.

Una de las personas señaladas es María Lourdes Montoya, de 63 años, quien presuntamente utilizó información falsa relacionada con la identidad de su esposo para obtener primero la residencia permanente y posteriormente la ciudadanía estadounidense. Las autoridades sostienen que la mujer afirmó estar casada con un ciudadano estadounidense fallecido años antes, mientras que en realidad mantenía una relación con otro ciudadano mexicano que habría asumido dicha identidad.

El segundo caso corresponde a Armando Mendoza, de 39 años, quien habría omitido antecedentes relacionados con la recepción de material de abuso sexual infantil durante su proceso de naturalización. Según los expedientes judiciales, en su entrevista para obtener la ciudadanía aseguró no haber cometido delitos, aunque posteriormente fue procesado, declarado culpable y sentenciado a prisión por esos hechos.

La lista también incluye personas originarias de Colombia, Cuba, Jamaica, Haití, China, Somalia, Filipinas, República Dominicana, Trinidad y Tobago y otras naciones. Entre ellas figura Andrea Marroquín, identificada por las autoridades como heredera de recursos provenientes del narcotráfico, quien enfrenta acusaciones por presuntamente ocultar información financiera y migratoria para acceder a beneficios en Estados Unidos.

El Departamento de Justicia señaló que la legislación estadounidense permite revocar la naturalización cuando se demuestra que la ciudadanía fue obtenida de manera ilegal o mediante la ocultación deliberada de hechos relevantes. Los procedimientos anunciados deberán resolverse ante tribunales federales, donde cada caso será analizado de forma individual.

Las autoridades estadounidenses indicaron que estas acciones forman parte de una estrategia enfocada en casos de fraude migratorio, delitos sexuales, tráfico de drogas y otras conductas que, de haber sido conocidas durante el proceso de naturalización, habrían impedido la obtención de la ciudadanía.