Despojo de inmuebles en Ciudad de México mantiene alta incidencia y autoridades buscan frenar redes organizadas
evangelio | 23 julio, 2026

El delito de despojo de inmuebles continúa como uno de los principales problemas patrimoniales en la Ciudad de México, con miles de denuncias acumuladas en los últimos años y una concentración de casos en alcaldías donde existen zonas de alta plusvalía.

Durante los primeros seis meses del año se contabilizaron mil 923 carpetas de investigación por este delito. Iztapalapa, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo aparecen entre las alcaldías con mayor número de reportes, mientras autoridades han identificado que algunas redes operan mediante mecanismos de falsificación documental y apropiación irregular de propiedades.

Especialistas del sector notarial han advertido que algunas organizaciones dedicadas al despojo han perfeccionado sus métodos mediante documentos apócrifos, suplantación de identidad y operaciones simuladas para intentar obtener control sobre inmuebles, principalmente aquellos cuyos propietarios son adultos mayores o que se encuentran en abandono.

La problemática llevó a autoridades capitalinas a reforzar acciones mediante operativos coordinados entre distintas dependencias para recuperar inmuebles, realizar aseguramientos y atender denuncias relacionadas con ocupaciones irregulares. Durante abril de este año se realizaron 28 acciones interinstitucionales en diferentes puntos de la capital.

Además, el Congreso de la Ciudad de México aprobó medidas para fortalecer la prevención y combate del despojo, incluyendo sanciones más severas cuando el delito se comete mediante violencia, simulación de actos jurídicos o suplantación de identidad.

La Fiscalía General de Justicia capitalina ha señalado que el delito puede involucrar redes con participación de distintos actores, desde personas que buscan apropiarse de inmuebles hasta intermediarios que facilitan trámites irregulares dentro de procesos registrales o notariales.

Las autoridades mantienen acciones para identificar a los responsables y proteger el patrimonio de los propietarios afectados, mientras continúan las investigaciones sobre las redes que operan en la capital.

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