La Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) aprobó la destitución de Karim Khan como fiscal del organismo tras un procedimiento disciplinario relacionado con acusaciones de presunta conducta sexual indebida. La decisión representa un hecho sin precedentes dentro del tribunal encargado de investigar crímenes internacionales.

La salida de Khan fue aprobada con 82 votos a favor, 13 en contra y 15 abstenciones durante una sesión extraordinaria celebrada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. La votación superó la mayoría absoluta requerida para removerlo del cargo.

Khan, abogado británico de origen pakistaní, asumió la fiscalía de la CPI en 2021. Durante el proceso, negó haber incurrido en comportamientos inapropiados, no deseados o abusivos, y afirmó que existía una campaña para separarlo del puesto después de solicitar órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ex ministro de Defensa israelí Yoav Gallant en 2024.

El procedimiento disciplinario surgió tras una investigación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas, luego de una denuncia presentada por una antigua colaboradora de Khan. La acusación señalaba presuntos contactos sexuales no consentidos ocurridos entre marzo de 2023 y abril de 2024 durante viajes oficiales y en instalaciones relacionadas con la fiscalía.

La Mesa de la Asamblea de los Estados Partes recomendó en junio la destitución del fiscal y estableció su suspensión mientras los países miembros analizaban la resolución definitiva sobre su permanencia en el cargo.

La salida de Khan no implica la suspensión automática de las investigaciones que mantiene abiertas la Corte Penal Internacional, incluida la relacionada con la situación en Palestina, las cuales continuarán bajo los procedimientos establecidos por el tribunal.

Tras la votación, representantes de distintos países reaccionaron a la decisión. El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, celebró la destitución y señaló que el caso debía centrarse en las acusaciones presentadas contra el fiscal.

La presidencia de la Asamblea de los Estados Partes pidió que el proceso se desarrollara con respeto a la privacidad de las personas involucradas y a la institución internacional.