Fuerzas federales destruyeron 40 plantíos de marihuana en la región sierra-costa de Michoacán, como parte de operativos realizados durante los primeros días de marzo en municipios de alta incidencia para este tipo de cultivos.

De acuerdo con la información difundida por mandos militares, las acciones se concentraron en Coalcomán, Arteaga, Lázaro Cárdenas y Aquila, donde se localizaron sembradíos que en conjunto abarcaban 25.33 hectáreas. Los cultivos fueron eliminados en el sitio mediante incineración, con participación de elementos del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Las autoridades estimaron que la destrucción de estos plantíos representa una afectación económica de 99 millones 638 mil pesos para las organizaciones criminales. Se trata de un cálculo construido a partir del rendimiento esperado de la superficie intervenida y su valor proyectado en el mercado ilegal, no de un decomiso directo de producto terminado o recursos en efectivo.

En términos económicos, la cifra parte de una lógica de ingreso potencial: lo que esos cultivos habrían generado una vez cosechados, procesados y colocados en rutas de distribución. Es decir, una estimación que deja fuera el ingreso potencial que esos campos habrían generado en etapas posteriores del negocio, particularmente en eslabones donde el precio del producto tiende a incrementarse conforme avanza en la cadena.

Si se distribuye el monto reportado sobre la superficie intervenida, el resultado sugiere un valor cercano a los 3.9 millones de pesos por hectárea, una referencia que rebasa el valor agrícola del cultivo en campo y se aproxima más a escenarios de comercialización. Esto es consistente con operativos previos en la entidad, donde autoridades han documentado que el precio por kilogramo de marihuana se incrementa fuera de las zonas de producción, lo que incide directamente en las estimaciones oficiales de pérdida.

A diferencia de otros aseguramientos, en este caso no se reportaron personas detenidas. La intervención se limitó a la localización y destrucción de los sembradíos, lo que apunta a operaciones de carácter territorial enfocadas en inhibir la producción antes de su consolidación.

La zona intervenida forma parte de una franja donde este tipo de cultivos persiste por condiciones geográficas y de acceso. La estrategia federal mantiene como objetivo reducir la producción desde origen, con operativos que buscan interrumpir la cadena antes de que el producto alcance etapas de mayor valor dentro del mercado ilegal.