La noche del martes, personal de una empresa de mudanzas fue captado retirando muebles de una presunta propiedad de Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo. El inmueble está ubicado sobre la avenida Madero, una de las principales vialidades de Morelia.

El movimiento avivó versiones sobre un posible intento de vaciamiento de bienes, en medio del proceso judicial que enfrenta el exfuncionario, señalado como uno de los principales operadores financieros de una red de desvío de recursos públicos en Michoacán.

En meses pasados también se destacó el movimiento de bienes en propiedades de la familia de Aureoles Conejo en un lujoso fraccionamiento del oriente de Morelia.

Maldonado Mendoza fue detenido el pasado 1 de marzo en Miami, Florida, por agentes de la Interpol y autoridades estadounidenses, luego de que México emitiera una orden de aprehensión en su contra por presunto peculado.

Su captura ocurrió tras meses de investigaciones lideradas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que lo vinculan con el desvío de más de cinco mil millones de pesos durante la administración estatal anterior.

Entre los casos más escandalosos que involucran al exsecretario de Finanzas, destaca el presunto sobrecosto en la construcción de cuarteles policiales en varios municipios. Un ejemplo emblemático es el cuartel edificado en Lázaro Cárdenas, cuyo costo inicial se estimaba en 100 millones de pesos, pero que terminó costando más de 900 millones, según cifras del actual gobierno estatal.

Las autoridades también han detectado operaciones irregulares en contratos adjudicados a empresas fantasma y triangulación de recursos a través de cuentas personales y familiares. La UIF rastrea además movimientos bancarios internacionales que podrían apuntar a un intento de ocultamiento de activos fuera del país.

El retiro de muebles del domicilio de Maldonado ocurre mientras se define su situación legal en Estados Unidos, donde enfrenta un proceso de extradición. En México, la Fiscalía ha solicitado el aseguramiento de bienes a su nombre, al considerar que podrían haberse adquirido con recursos de procedencia ilícita.

Por ahora, el caso sigue sumando elementos que lo perfilan como uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Michoacán, con implicaciones que podrían alcanzar a otros exfuncionarios del sexenio pasado.