A solo un mes de haber concluido su mandato, el panorama judicial del expresidente boliviano Luis Arce se ha complicado drásticamente. El exjefe de Estado fue detenido e ingresó a la cárcel de San Pedro, en La Paz, en el marco del caso Fondo Indígena, una investigación sobre el presunto desvío de más de $5,790 millones de dólares, según la justicia de Bolivia.

“¡No nos hemos ido, somos inocentes!”, gritó el expresidente Arce ante los medios y curiosos al ingresar al penal el pasado miércoles. La justicia boliviana determinó su detención preventiva por cinco meses mientras avanza la investigación, que estima una afectación al Estado por 40 mil millones de pesos bolivianos.

La defensa del exmandatario solicitó a los jueces la prisión domiciliaria, argumentando sus 63 años de edad y un tumor cancerígeno que, aunque superado, aún requiere atención. La petición fue rechazada, aunque se garantizó que Arce recibirá el tratamiento médico necesario dentro del penal.

La política Lily Peñaranda calificó el caso como “extremo de corrupción increíblemente grande, de un daño económico al Estado enorme por parte de quienes se decían defensores de los indígenas”. Peñaranda considera que Arce es “una de las cabezas, uno de los peces gordos de esa red de corrupción” y ve el proceso como un giro simbólico que alienta a quienes estaban desencantados con la situación de Bolivia.