El alcalde de Puerto Aventuras, Gilberto Gómez Martínez, fue detenido en Quintana Roo junto con otras dos personas, señaladas por su presunta participación en una red de extorsión contra comerciantes de esa localidad, a quienes habrían exigido pagos bajo amenazas de retirarles sus mercancías y agredirlos físicamente.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que también fueron aprehendidos Karla Paola “N”, funcionaria de la Dirección de Desarrollo Económico de la alcaldía, y Jorge “N”, por su probable participación en el delito de extorsión agravada.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos comenzaron en enero de 2026, cuando personal de la alcaldía acudió a un establecimiento de la colonia Puerto Maya para exigir a la propietaria que regularizara su actividad comercial.

Posteriormente, la comerciante acudió con Karla Paola “N”, quien presuntamente le solicitó dinero por un trámite cuyo formato era gratuito. Según la denuncia, la funcionaria advirtió que, si no realizaba el pago, le retirarían su mercancía y le impedirían continuar con sus ventas.

El caso escaló el 6 de febrero, cuando Jorge “N” habría llegado al negocio acompañado de otras personas a bordo de mototaxis. Según la carpeta de investigación, amenazó a la comerciante con privarla de la libertad y golpearla si no cumplía con las exigencias económicas.

La víctima realizó un primer pago; sin embargo, las solicitudes de dinero continuaron en mayo, cuando presuntamente comenzaron a exigirle cantidades semanales adicionales bajo amenazas de retirarla del lugar y agredirla físicamente.

De acuerdo con la investigación, los señalados habrían afirmado que actuaban por instrucciones del alcalde y que los comerciantes debían reportarse con la funcionaria de la alcaldía para poder continuar con sus actividades.

Tras integrar la carpeta de investigación, la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión obtuvo de un juez de Control las órdenes de aprehensión contra los tres señalados.

Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y establecer la probable responsabilidad de cada uno de los involucrados.