Un exagente de la extinta Procuraduría General de Justicia de Morelos fue detenido por su probable participación en actos de tortura contra María Luisa Villanueva, quien pasó más de 25 años encarcelada tras ser acusada de un secuestro que asegura no haber cometido.

José Guadalupe “N”, quien formaba parte del grupo antisecuestros de la entonces Policía Judicial, fue localizado en la colonia Cuautlixco, en Cuautla, y detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal mediante una orden de aprehensión.

Los hechos investigados se remontan a 1998, cuando Villanueva fue detenida por un caso de secuestro. La mujer fue sentenciada a 30 años de prisión y permaneció 25 años y 26 días en el Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, en Atlacholoaya. En febrero de 2023 obtuvo su libertad mediante el beneficio de remisión parcial de la pena.

Durante la audiencia, el exagente decidió no declarar y solicitó la duplicidad del plazo constitucional. Con ello, la jueza contará con hasta 144 horas para determinar su situación jurídica. La defensa solicitó que el imputado pueda continuar el proceso en libertad y será el próximo martes cuando se defina si permanece bajo esa medida o se le impone prisión preventiva.

Para Villanueva, la detención representa un avance en la investigación de los actos de tortura que, afirma, sufrió durante su detención. La activista manifestó que espera que el exservidor público tenga un juicio justo y aclaró que su objetivo no es obtener venganza.

“Yo no estoy buscando venganza, busco justicia”, sostuvo.

Desde 2014, Villanueva ha denunciado los presuntos actos de tortura y ha impulsado diversos recursos legales para que se investigue a los funcionarios que, según su versión, participaron en su detención y procesamiento.

La mujer busca además que se reconozca formalmente su inocencia. El Tribunal Superior de Justicia de Morelos ha rechazado en dos ocasiones sus solicitudes, por lo que ha recurrido a juicios de amparo. Su caso será revisado nuevamente el próximo 18 de agosto.

Villanueva sostiene que cuenta con periciales, un Protocolo de Estambul y otros elementos que acreditarían la tortura. También argumenta que estos actos pudieron tener un “efecto corruptor” sobre el proceso judicial y que las pruebas obtenidas a partir de ellos deben ser revisadas.

La activista señaló que, además de José Guadalupe “N”, existen otros tres funcionarios cuya posible participación en los hechos debe ser esclarecida.