Más de 120 tripulantes de 25 cruceros fueron detenidos en los últimos meses en el puerto de Boston, Massachusetts, por sospechas de posesión o distribución de material de abuso sexual infantil, como parte de un operativo federal denominado “Maremoto”.
Las acciones, encabezadas por autoridades migratorias y de seguridad estadounidenses, también se extendieron a San Diego, California, y San Juan, Puerto Rico. La mayoría de los detenidos eran extranjeros y fueron expulsados de Estados Unidos después de ser interrogados, sometidos a revisiones de sus teléfonos celulares y perder sus permisos para desembarcar temporalmente.
En Boston, solo uno de los tripulantes detenidos enfrenta un proceso penal. Se trata de Bobby Prieto, ciudadano filipino de 35 años, arrestado el 24 de septiembre cuando el crucero Norwegian Jewel, con capacidad para aproximadamente 2 mil 300 pasajeros, se preparaba para atracar en el puerto de la ciudad.
De acuerdo con documentos judiciales, las autoridades encontraron más de mil 200 archivos multimedia con material de abuso sexual infantil en los dos teléfonos del acusado. Los registros también señalan que presuntamente admitió su participación en una agresión sexual contra una menor que aparecía en uno de los videos.
Prieto permanece detenido sin derecho a fianza, mientras continúa el procedimiento judicial en su contra. Su arresto ocurrió después de que las autoridades recibieran 75 denuncias relacionadas con posibles delitos de explotación sexual infantil.
El operativo es encabezado por el Departamento de Seguridad Nacional, con participación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Las investigaciones se apoyan en reportes recibidos mediante CyberTipline, una línea de denuncia del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.
Sin embargo, las detenciones también han generado cuestionamientos en Filipinas, país de origen de muchos de los trabajadores afectados. Activistas y funcionarios filipinos han expresado dudas sobre si todos los arrestos estuvieron justificados y han cuestionado los procedimientos aplicados en el marco de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.
La diferencia entre el número de personas detenidas y las que enfrentan un proceso penal ha colocado bajo escrutinio los procedimientos utilizados durante las operaciones, en las que las autoridades estadounidenses combinan investigaciones sobre posibles delitos con medidas administrativas migratorias.