La Fiscalía General del Estado (FGE) informó la detención de Sebastián Thonatiu “N”, elemento activo de la Policía Municipal de Uruapan, señalado por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada, derivado de una investigación que lo vincula con amenazas y exigencias económicas contra un ciudadano.

El anuncio fue realizado este miércoles por el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, durante una conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, donde se dieron a conocer resultados recientes en materia de procuración de justicia y combate a la impunidad.

De acuerdo con las investigaciones, el caso se remonta al 16 de enero de 2026, cuando la víctima comenzó a recibir mensajes a través de WhatsApp en los que le exigían el pago de 150 mil pesos a cambio de no atentar contra su integridad física ni causar daños a sus propiedades.

Las indagatorias establecen que, ese mismo día, dos personas que viajaban en motocicleta realizaron disparos contra el domicilio de la víctima. Tras el ataque, continuaron las amenazas y las demandas de dinero mediante distintos números telefónicos.

Como parte de las acciones para esclarecer el caso, la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión desplegó un operativo el 29 de enero, logrando la captura de una persona que acudió a recoger el pago exigido. Durante esa intervención fue asegurado un teléfono celular cuyo análisis permitió rastrear conversaciones con quien presuntamente coordinaba la extorsión.

La información obtenida durante la investigación llevó a las autoridades a identificar que la comunicación utilizada para dirigir el cobro provenía del número telefónico atribuido a Sebastián Thonatiu “N”, considerado un dato clave para sustentar su probable participación en los hechos.

Con los elementos reunidos por la FGE y en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Guardia Civil, un juez de control autorizó la orden de aprehensión que fue cumplimentada la mañana de este miércoles.

El detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso penal.