El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo recientemente en Arizona a Roberto Copado Gutiérrez, quien fuera director de la Unidad Municipal de Protección Civil en Hermosillo durante el desastre de la Guardería ABC de 2009. La aprehensión marca un nuevo capítulo en un caso que ha persistido por más de una década en la memoria del país.

Copado fue detenido mientras se encontraba bajo custodia migratoria en Estados Unidos y trasladado al centro de detención de Florence, Arizona, donde esperará el desarrollo de su situación legal ante las autoridades estadounidenses. El exfuncionario estaba al frente de Protección Civil municipal en 2009, cuando ocurrió el incendio que resultó en 49 niñas y niños muertos y más de un centenar de heridos en la guardería ubicada en Hermosillo, Sonora.

Durante su mandato, Copado era responsable de avalar permisos, dictámenes y medidas de seguridad para establecimientos como guarderías y otros centros de operación. Los documentos que firmaba se convirtieron en piezas fundamentales dentro de las investigaciones posteriores al siniestro en la Guardería ABC.

Según reportes, el exfuncionario cuenta con una sentencia vigente de cinco años y siete meses de prisión, relacionada con su responsabilidad en otorgar estos dictámenes.

Esta detención se suma a otra reciente que también ha despertado atención mediática: la aprehensión de Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la Guardería ABC. Téllez fue deportada desde Estados Unidos y capturada en Sonora, y actualmente enfrenta los cargos respectivos por su implicación en el caso. Familias de las víctimas y colectivos como Manos Unidas por Nuestros Niños han señalado que, aunque el caso ha pasado por numerosas instancias judiciales, la mayoría de los responsables han logrado dilatar o reducir sus condenas mediante amparos o recursos legales.

El incendio de la Guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009. Se originó en una bodega contigua al inmueble que albergaba la guardería, donde se almacenaban documentos del gobierno estatal. Las llamas se propagaron hacia el interior de la estancia, atrapando a decenas de menores que dormían la siesta. Las investigaciones posteriores revelaron graves irregularidades: ausencia de rutas de evacuación seguras, deficiencias en alarmas y extintores, y omisiones graves de supervisión por parte de autoridades municipales, estatales y del IMSS.

Para las familias de las víctimas, la noticia de la detención de Copado representa una bocanada de esperanza tras años de impunidad. Pero también reaviva las dudas sobre el cumplimiento real de la justicia en México, donde los tiempos judiciales, la tarifa del sistema de amparos y los recortes de sentencia han permitido que muchos involucrados sigan libres.

Queda por ver si México solicitará su extradición formal a través de los canales diplomáticos y jurídicos, para que Copado enfrente su sentencia en territorio nacional y se esclarezca su responsabilidad junto con los demás implicados.