Una jueza de control dictó prisión preventiva oficiosa contra Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados por su presunta participación en el multihomicidio del tecladista y fundador de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, ocurrido en un inmueble de Atizapán de Zaragoza.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó diversos elementos de prueba para imputar a los dos detenidos por el asesinato de Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula Barragán, quien tenía cuatro meses de embarazo, su hija de tres años y Aleyda Romero, trabajadora de la familia. La mascota del domicilio también fue privada de la vida.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México atribuye a los acusados delitos como homicidio calificado, interrupción del embarazo y maltrato o crueldad contra animales.
La autoridad judicial autorizó además la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia para determinar si ambos serán vinculados a proceso se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre.
Los dos imputados fueron trasladados al penal de Barrientos, en Tlalnepantla, donde permanecerán mientras continúa el proceso judicial.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que una de las líneas principales de investigación apunta a un posible robo relacionado con criptomonedas.
Diego Sebastián “N”, quien presuntamente mantenía una relación comercial con Jonathan Meléndez en el negocio de renta de inmuebles, habría acudido al domicilio del músico acompañado por Gerardo “N”.
De acuerdo con los elementos presentados por el Ministerio Público, los agresores buscaban una caja fría que presuntamente contenía información necesaria para acceder a criptomonedas. La Fiscalía sostiene que el monto buscado podría superar los 3 millones de pesos.
También fue localizado el automóvil Kia utilizado por los detenidos para escapar. En el vehículo fueron encontrados objetos que presuntamente estarían relacionados con el crimen, entre ellos materiales utilizados para inmovilizar a las víctimas.
La Fiscalía presentó entre sus datos de prueba testimonios, grabaciones de cámaras de seguridad y peritajes en materia de balística y química, con los que busca establecer la secuencia de los hechos ocurridos el pasado 1 de septiembre.
La investigación continúa abierta y las autoridades no descartan que puedan existir otros elementos o personas relacionadas con el caso.
En tanto, los acusados permanecerán bajo prisión preventiva mientras llega la siguiente audiencia, en la que se definirá si existen elementos suficientes para iniciar formalmente un proceso penal en su contra.