Un juez federal impuso la medida de prisión preventiva justificada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, al considerar que existen elementos para mantenerlo privado de la libertad mientras continúa el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en una red de delincuencia organizada y contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal.

La resolución fue emitida al término de una audiencia que se prolongó por más de un día, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los argumentos para solicitar la medida cautelar. Además de Ruffo, otros siete imputados también permanecerán en prisión preventiva y serán internados en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, en el Estado de México.

La investigación de la FGR señala que el exmandatario panista estaría relacionado con una presunta red dedicada al contrabando de hidrocarburos mediante esquemas para evadir el pago de impuestos. Las autoridades sostienen que el caso forma parte de una indagatoria de gran alcance sobre el denominado huachicol fiscal, uno de los principales frentes abiertos por el gobierno federal contra el tráfico ilegal de combustibles.

Ernesto Ruffo ha rechazado las acusaciones en su contra y anteriormente aseguró que su participación en la empresa investigada se limitó a actividades relacionadas con trámites aduanales, por lo que ha insistido en que demostrará su inocencia durante el proceso judicial.

Mientras dirigentes y figuras del Partido Acción Nacional sostienen que se trata de una persecución con fines políticos, el gobierno federal ha defendido que la investigación responde únicamente a pruebas recabadas por la Fiscalía y que serán los jueces quienes determinen la responsabilidad de los imputados conforme avance el proceso.