La diputada federal del PRI, Monserrat Arcos, interpuso una denuncia en contra del líder nacional del partido, Alejandro Moreno, por cometer delitos de violencia política de género.

Arcos asegura que Moreno le solicitó aceptar un esquema de corrupción que implicaba desviar al menos 16 millones de pesos, pero ella se negó a participar en dichas prácticas.

Como consecuencia de su negativa, ha recibido amenazas por parte de Moreno Cárdenas, lo que la ha llevado a tomar la decisión de detener su carrera política.

“Lamento que en el PRI, hoy el dirigente vea al partido como su escudo de impunidad porque no ha podido demostrar otra cosa que no sea corrupción, y que básicamente utilice los recursos del partido como una caja chica para sus pretensiones personales o para sus excesos que son de todo el mundo conocidos”, señaló la legisladora.

En el informe presentado por Arcos Velásquez a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fisel), se menciona que durante su tiempo como líder del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), “Alito” Moreno le pidió desviar los fondos destinados a la promoción política de las mujeres hacia la contratación de cursos y capacitaciones virtuales con una empresa que facturó 32 millones de pesos.

Además, se señala que esa empresa habría devuelto al menos la mitad de esa cantidad a Moreno Cárdenas.

Te puede interesar: Repunta violencia política contra la mujer en Michoacán

“Son 16 millones de pesos que eran el destino para el presidente del partido, Alejandro Moreno Cárdenas. Básicamente, a mí sólo me dijeron que tenían una necesidad económica y que él requería el recurso. Él personalmente me lo solicitó”.

Destacó que, de acuerdo con la normativa electoral, se considera violencia política de género el acto de amenazar o intimidar a una mujer con el propósito de influir en su participación en actividades políticas o de impedírsela.

Explicó que luego de ser removida de su cargo como líder del ONMPRI en diciembre de 2023, noticia que le llegó a través de las redes sociales, fue excluida de los procesos electorales y de las labores del CEN.

Además, hizo hincapié en que la manera en que la destituyeron fue sumamente “humillante y vergonzosa”, ya que forzaron la entrada a sus oficinas sin permitirle realizar una transferencia ordenada, y sus objetos personales fueron sacados de forma brusca y dejados en la acera de la calle Insurgentes.

Tras las amenazas que ha recibido, la legisladora reconoció que teme por su vida, por lo cual, solicitó las medidas cautelares necesarias para su protección.