El diputado federal Armando Corona Arvizu, integrante de Morena y representante del Estado de México, presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para sancionar con cárcel y multas económicas a quienes elaboren o difundan memes, stickers, audios, videos o imágenes digitales con el propósito de “ridiculizar o dañar la imagen de una persona”.

La propuesta, ingresada al Congreso de la Unión, plantea reformar el Código Penal Federal mediante la adición de los artículos 211 Bis 8 y 211 Bis 9, con penas que van de tres a seis años de prisión y multas de 300 a 600 días de salario mínimo. Se prevén agravantes cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad o servidor público, o si la difusión ocurre de manera masiva en redes sociales o plataformas digitales.

El documento incluye la posibilidad de sancionar también los contenidos generados o modificados con inteligencia artificial, como deepfakes, audios sintéticos o imágenes alteradas, cuando se utilicen sin consentimiento con la intención de humillar o afectar la reputación de una persona.

En su exposición de motivos, Corona Arvizu argumentó que el auge del ciberacoso y la falta de regulación específica justifican una actualización legal para proteger la dignidad personal en entornos digitales.

El legislador, representante del distrito 12 con cabecera en Ixtapaluca, Estado de México, pertenece a la nueva generación parlamentaria de Morena que ha impulsado temas de regulación digital y combate a la suplantación de identidad.

En su planteamiento, advirtió que la manipulación de imágenes, voces o datos personales con fines de burla o desprestigio puede tener consecuencias psicológicas y sociales graves, especialmente entre adolescentes y figuras públicas.

La propuesta generó reacciones encontradas. Diversos sectores advirtieron que la medida podría derivar en censura o persecución de la crítica política, al no distinguir con claridad entre sátira, parodia o acoso digital.

Otros especialistas, en cambio, consideran que la iniciativa abre un debate necesario sobre la responsabilidad individual en la difusión de contenidos y el impacto real que tienen los entornos digitales en la vida de las personas.

El texto será turnado a comisiones legislativas para su análisis y eventual dictamen. Aun así, el debate jurídico ya está sobre la mesa: la redacción del proyecto podría enfrentarse al artículo 6º constitucional, que protege la libertad de expresión, mientras que su intención, prevenir la violencia digital, plantea un desafío técnico para no criminalizar la sátira ni el humor político.

El equilibrio entre libertad y protección digital permanece abierto. En un país con tradición de caricatura, crítica y humor como vehículo de denuncia, la discusión sobre los límites del meme se convierte también en un reflejo de cómo el poder intenta definir los bordes del discurso público en la era de la inteligencia artificial.